En 1932, los líderes, ideólogos y periodistas afines al Partido Republicano trataban de convencer a la población norteamericana de que la Gran Depresión estaba perfectamente controlada y de que muy pronto los Estados Unidos saldrían de aquella terrible crisis, la peor de su historia, consiguiente al crack bursátil de 1929, crisis que apenas tres años después arrojaba tasas de paro cercanas al 25 por ciento de la población potencialmente activa. El candidato a la Casa Blanca por el Partido Demócrata era Franklin Delano Roosevelt, gobernador del Estado de Nueva York. Sus planes se alejaban radicalmente de los de Herbert Hoover, quien tras ser elegido presidente de los Estados Unidos en 1928, se había dedicado a realizar políticas similares a las neoliberales que hoy predominan en casi todo el mundo. En un discurso pronunciado el 2 de julio de 1932, Roosevelt habló por primera vez de la necesidad de superar los supuestos de la economía clásica con objeto de crear “un nuevo trato para el pueblo estadounidense”. Una vez ganadas las elecciones, el New Deal de Roosevelt pondría a disposición de los ciudadanos numerosas agencias gubernamentales destinadas principalmente a dotar de protección social a las capas más pobres de la sociedad. Los parados, los jubilados, los minusválidos, las clases obreras, los pequeños empresarios y los agricultores más humildes fueron los grandes beneficiarios de las políticas de Roosevelt.
FDR realizó importantes inversiones incurriendo en el aumento de la deuda y elevando los impuestos progresivos a las rentas y plusvalías más altas. Le acusaron de ser un despilfarrador de dinero público y un peligroso socialista redistribuidor de rentas pero lo cierto es que su célebre New Deal permitió no solo el acceso de la pequeña y mediana empresa a los recursos financieros sino la contratación de millones de desempleados que pronto pasaron a trabajar en grandes obras de infraestructura y repoblación forestal y también en el campo de la enseñanza, las artes o la cultura. En todos los Estados Unidos se construyeron parques públicos, bibliotecas públicas o escuelas públicas, así como presas, puentes, y carreteras. En 1938, más de tres millones de parados trabajaban para el Works Progress Administration, programa gubernamental de creación de empleo encuadrado dentro del New Deal. Hacia 1943, el número de personas empleadas gracias al WPA rondaba ya la cifra de ocho millones. Además, al abrigo del New Deal nació el Social Security System, que sentó las bases del Estado del Bienestar americano. A partir de entonces, todas las personas mayores de 65 años, así como los minusválidos, tienen garantizada una pensión mínima, del mismo modo que los parados tienen derecho a percibir un subsidio temporal.
Los sindicatos querían que Roosevelt prohibiera las jornadas laborales que excedieran las ocho horas diarias y que estableciera el salario mínimo, además de garantizar la plena libertad de todos los trabajadores para sindicarse, libertad hasta entonces muy limitada. En una de las reuniones con Sidney Hillman y otros líderes sindicales, Roosevelt les dijo: “I agree with you, I want to do it, now make me do it.” O sea “estoy de acuerdo con vosotros, quiero hacerlo, pero obligadme a hacerlo”. El presidente era consciente de que para solucionar los grandes desequilibrios en el reparto de la riqueza generados por el capitalismo salvaje y desregulado era necesario dotar de mayor capacidad de negociación a los trabajadores, contrarrestando así el poder abusivo de los empresarios. Pero el “make me do it” de Roosevelt a los trabajadores demuestra que los políticos, para llevar a cabo reformas favorables a las capas más pobres de la sociedad, necesitan sentir en el cogote la presión de los movimientos y las manifestaciones ciudadanas.
Gracias a las huelgas y a las protestas que llevaron a cabo los trabajadores en un buen número de fábricas norteamericanas durante 1934, Roosevelt sacó adelante en 1935 la Labor Relations Act, también conocida como Wagner Act, que venía a prohibir tajantemente a los empresarios adoptar represalias contra un trabajador por el hecho de pertenecer a un sindicato. Los índices de sindicalización se dispararon a raíz de aquella ley, lo cual dio paso a una nueva era de relaciones mucho más equilibradas entre obreros y patronales. Roosevelt consumó sus políticas de protección laboral en 1938 mediante la Fair Labor Standards Act, también conocida como la Wages and Hours Bill, que estableció un salario mínimo y el pago de cada hora extraordinaria por una hora y media de trabajo normal. Además, el New Deal sirvió de marco para la creación del Consumers Advisory Board, departamento encargado de recoger las quejas de los consumidores contra los precios abusivos, así como de la Securities and Exchange Commission, de donde surgió la Glass-Steagall Act o Banking Act, que metió en vereda a los banqueros y puso fin a la especulación desregulada de los años veinte. Muchos de sus detractores le acusaron de atentar contra el derecho a la propiedad privada así como de poner en peligro las libertades básicas del sistema americano de mercado. Roosevelt les contestó afirmando que cuando más amenazada se encuentra la libertad individual, así como el propio derecho a la propiedad privada, es justamente en ausencia de políticas de protección social.
A estas alturas nadie debería poner en duda dos hechos absolutamente confirmados por cualquier observador objetivo de la historia socioeconómica: que las políticas de protección social son siempre socialistas por definición pues suponen una redistribución de rentas, y que su puesta en marcha permite a los países capitalistas disfrutar de cohesión, confianza y justicia social, así como de prosperidad compartida por la mayoría de los ciudadanos. Como acertó a ver Roosevelt, el capitalismo está condenado a sufrir gravísimos problemas de orden público si carece de un buen sistema de protección social. Es verdad, nadie puede negarlo, que la gestión de tal protección no está exenta de burocracias infladas y fraudulentas. Pero en su abandono, el capitalismo se convierte en un sistema mafioso y depredador ante el cual la gente termina, por las buenas o por las malas, rebelándose. Y si estos días en Grecia o España la gente se ha echado a la calle reclamando justicia y gritando basta y si tantas veces en tantas partes han estallado revoluciones populares es porque el capitalismo sin protección social degenera en explotación, y a largo plazo en totalitarismo.
Es un objetivo liberal plausible el adelgazamiento administrativo del Estado, la eliminación de trámites burocráticos, el destierro de fraudes políticos y tráficos de influencias o la liberalización de horarios comerciales. Pero si las sociedades capitalistas han podido disfrutar de paz y estabilidad es gracias al control riguroso de los abusos empresariales y bancarios, así como al establecimiento del Estado del Bienestar y a las conquistas laborales, de modo que quienes tiran piedras contra la socialdemocracia deberían darse cuenta de que a la larga están tirando piedras contra el propio capitalismo, pues sin políticas de protección social y laboral lo normal es que las desigualdades crezcan y con ellas crezca a su vez el malestar obrero, la conciencia revolucionaria y el resentimiento ciudadano contra el libre mercado e incluso contra la propiedad privada.
Sin protección social, los que no tienen nada están en todo su derecho a despreciar el derecho a la propiedad privada y por eso el capitalismo salvaje siempre termina llamando al retorno de las revoluciones comunistas. El neoliberalismo no acepta debate alguno acerca del derecho a la propiedad privada y el consiguiente Estado policial y judicial necesario para garantizar tal derecho, mientras al mismo tiempo promueve la precariedad y la inseguridad social a través de una guerra constante contra los derechos laborales y contra el Estado del Bienestar. Pero la gente, afortunadamente, no lo va a permitir, pues sin perspectivas sólidas, como ha explicado Zygmunt Bauman, lo que de inmediato aflora es el “miedo líquido”. El ser humano se diferencia de los animales por su capacidad e inteligencia para crear instituciones que nos permitan llevar una existencia más amable y segura, pero lo malo de los tiempos en que vivimos es que la propiedad privada ha alcanzado rango de institución sólida mientras la protección social evoluciona hacia un estado cada día más líquido.
Todas las medidas anticrisis que de momento se están tomando en casi todas partes representan un frontal ataque contra la protección social y laboral y por eso el movimiento del 15-M es fundamental para cambiar el sistema. Los indignados van a seguir ejerciendo una saludable y muy necesaria presión pues como bien dice Juan Carlos Escudier en este magnífico “Manifiesto a favor de los indignados y de la democracia”, “si algo sobra a sus demandas es sentido común”.
En algunos medios les llaman despectivamente piojosos y perroflautas, pero gracias a sus acampadas y concentraciones tal vez pronto asome por el horizonte algún Roosevelt que inspirado por tan justas propuestas ciudadanas sea capaz de plantar cara a los poderes económicos, de modo que si la propiedad privada es sagrada, también tiene que ser sagrada la protección social, pues estando el Estado obligado a proteger a quienes han acumulado riquezas también debería estarlo para proteger a quienes apenas tienen unas manos que vender en el mercado laboral. Y del mismo modo que quienes se apropian de lo que no es suyo han de ser juzgados y condenados, también deberían serlo aquellos que imponen condiciones laborales precarias y distorsionan precios de activos y valores con objeto de enriquecerse de forma amoral y antisocial.
